setiembre 03, 2007

Archivo Nacional de la Memoria de Uruguay y una carta de profesionales.

Publico aquí (con autorización) una carta de profesionales uruguayos en relación al Archivo Nacional de la Memoria de Uruguay, de la cual comparto sus conceptos, aplicables y observables a mi entender, a la misma situación en Argentina.
Sobre el particular énfasis en la creación de estos archivos temáticos, se contraponen las urgencias de atención integral de la situación de los archivos del presente y del futuro y todos los aspectos relacionados a estos.
Arch. Leandro E. Vurcharchuc.
Montevideo, 24 de agosto de 2007.

Se está discutiendo en el Parlamento Nacional un proyecto para la creación del Archivo Nacional de la Memoria (ANM). Este proyecto busca garantizar “el acceso a la información pública sobre las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado, ocurridas en el período comprendido entre el 9 de febrero de 1973 y el 1º de marzo de 1985. Podrán, asimismo, incorporarse documentos anteriores o posteriores a esas fechas si son considerados importantes en la reconstrucción de ese período histórico, de acuerdo al criterio de la Dirección.” Los cometidos del ANM serán “relevar, recopilar, analizar, clasificar, duplicar, digitalizar, archivar, custodiar, centralizar la información y administrar todos los documentos relativos a las violaciones a los derechos humanos” en ese período.

No tenemos dudas de que este proyecto responde a una preocupación existente en varios sectores de la sociedad y en el seno del gobierno relacionada con la necesidad de investigar y dilucidar todos los episodios, contextos y procesos vinculados al ejercicio del terrorismo de Estado durante la última dictadura. Además, creemos importante reconocer los avances que se han producido en este sentido gracias a las medidas adoptadas por el gobierno actual. Afirmamos al mismo tiempo nuestro compromiso con una política de archivos que asegure la detección, conservación y accesibilidad de la información sobre esos sucesos. Y nos ofrecemos a colaborar en ese sentido en la medida de nuestras posibilidades.

Sin embargo, nos sentimos obligados a manifestar nuestro convencimiento de que la creación de este nuevo archivo puede tener consecuencias contrarias a las intenciones expresadas en el proyecto.

Dejando de lado otras críticas y objeciones sobre aspectos particulares del mismo, creemos necesario decir que la propia creación del ANM atenta contra la integridad de los archivos al dejar librado “al criterio de la Dirección” la selección de los documentos que lo integrarán a partir del desmembramiento, transferencia o reproducción de los archivos existentes. Vale la pena recordar que el contexto institucional en que se producen los documentos es clave para interpretarlos. La mayoría de las leyes de archivos que rigen en otros países protege con especial celo la integridad de las series documentales. Para ejemplificar esta afirmación, nos referiremos a un caso aludido en el proyecto que ahora estudia el Parlamento.

El archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) del Ministerio del Interior fue creado en los años cuarenta del siglo XX, cuando comenzaron a cambiar las estructuras y modos de funcionamiento de la inteligencia policial en el país. La documentación referente al período de la dictadura es parte de un archivo que da cuenta del proceso de modificación de los mecanismos de control social del Estado uruguayo. Sólo su integridad permite comprender en qué medida se perfeccionaron, radicalizaron o transformaron las técnicas de investigación de la policía en la etapa que nos ocupa. Si se separan los documentos que refieren a las violaciones a los derechos humanos entre 1973 y 1985, se establecerá un corte arbitrario con procesos más generales de nuestra historia. Por ejemplo, un gran porcentaje de los expedientes de seguimientos de personas y organizaciones empieza antes del 9 de febrero de 1973. ¿Se dividirán esos expedientes del resto de los seguimientos? ¿Unos irán al ANM y los demás quedarán en la DNII? ¿Quién se ocupará de estos últimos?

Por otra parte, si se decide mantener la integridad del archivo, se deberá crear una estructura administrativa con la capacidad de gestionar esa enorme masa documental junto con todos los materiales provenientes de otros orígenes en el país y en el extranjero, cada uno de ellos con sus complejidades y necesidades específicas. Además, la carencia de políticas archivísticas claras tanto a nivel público como privado agrega otro problema. ¿Quién va a decidir cuándo los documentos han perdido vigencia administrativa y pueden ser transferidos? ¿El ANM o el organismo de origen? La posibilidad de reproducir los documentos requeridos por el ANM parecería solucionar algunos de estos problemas prácticos pero agrega otros muchos, aún sin detenernos por el momento a discutir la utilidad de fundar un archivo cuyo acervo documental consista fundamentalmente de copias.

Creemos que es necesario pensar estos problemas de manera general y con amplitud de miras. Los archivos son un problema muy serio en Uruguay y no sólo los del pasado reciente que nos acucian con la urgencia de una herida que no cierra. ¿Cuándo se abrirán al público las indagaciones policiales sobre los anarquistas de principio de siglo? Es sólo un ejemplo para subrayar que lo que debemos resolver es el acceso a todos los documentos de archivo para que puedan cumplir con sus fines administrativos, jurídicos e históricos.

El Parlamento tiene en su agenda la creación de un sistema nacional de archivos (con media sanción de la Cámara de Senadores) y estudia la mejor forma de garantizar el acceso de todos los ciudadanos a la información pública. Ambos proyectos abordan los temas de los que venimos hablando de modo global y sistemático y ofrecen soluciones de largo plazo. Creemos que ése es el marco para pensar los asuntos relacionados con las memorias colectivas y públicas del período de la última dictadura. Es hora de asegurar y regular el derecho de los ciudadanos a acceder a los documentos de archivo en un contexto institucional integral, no fragmentado o amenazado por la discrecionalidad del administrador.

Primeros firmantes:
José Pedro Barrán
Magdalena Broquetas
Gerardo Caetano
Carlos Demasi
Martha Inchausti
Adriana Juncal
Aldo Marchesi
Vania Markarian
Adela Pellegrino
Álvaro Rico
José Rilla
Diego Sempol
Daniel Sosa
Isabel Wschebor
Adhesiones al 27/8:
Clara Aldrighi
Nairí Aharonián
Jimena Alonso
Susana Banfi
Mauricio Bruno
Gabriel Bucheli
Mónica Casavieja
Javier Correa
M. Fernanda De Torres
Nicolás Duffau
Silvia Dutrénit
Ana Frega
Roberto García
Mariangela Giaimo
Diego Gonnet
Mariana Iglesias
Berta Igoa
María Eugenia Jung
Julieta Keldjian
Carla Larrobla
Mónica Maronna
Susana Moreira
Margarita Navarrete
Juan Ortiz
Silvia Osorio
Ariela Peralta
Helena Pijuán
Pablo Rocca
Universindo Rodríguez
Julia Roquette
Esther Ruiz
Marisa Ruiz
Graciela Sapriza
Fernanda Suárez
Dante Turcatti
Mauricio Vázquez
Desde el 28/8:
Eugenio Amen
David Bogacz
Ana Buriano
Ana Laura Cirio
María Luisa Cora
Enrique Coraza
María Inés Cuadro
Margarita Fernández
Daniel Fessler
Lorena García
Felipe Goiriena
Mario Latorre
Florencia Melgar
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Alicia Tonello