COMUNICADO FARA.
Federación de Archiveros de la República Argentina.
En vistas de recientes declaraciones y apreciaciones por medios electrónicos sobre aparentes situaciones de persecución a un legítimo archivero español, el supuesto accionar desde dependencias públicas sobre una pretendida dirección ideológica y de actividades de las personas, la aparente intromisión de una dependencia gubernamental de jerarquía y peso político en actividades de organizaciones del tercer sector, y la convocatoria de la mencionada entidad a organizaciones no gubernamentales a un Congreso de dichas entidades, nos lleva a reflexionar y con la cautela que merecen las declaraciones realizadas; es necesario hacer públicas algunas consideraciones.
En primer lugar, repudiar cualquier acto de entorpecimiento, coerción, y persecución a personas o entidades que coarten la libertad de asociación, opinión y de acción en el marco de las leyes que así consagran estos derechos; sea por parte de particulares, organizaciones o de cualquier entidad pública mereciendo ello el calificativo de deleznable y propio de sistemas autoritarios de épocas pasadas supuestamente superadas y que no tienen cabida en el marco de una sociedad pluralista, democrática y respetuosa.
En segundo lugar, hacer un llamamiento a la comunidad archivística a defender estos derechos e intereses sosteniendo que un claro nivel de desigualdad en poder económico y político entre organizaciones privadas y entidades públicas, no puede ni debe movilizar, direccionar o coercionar el interés genuino, espontáneo y legítimo del tercer sector, sino en todo caso y en un marco respetuoso, todo funcionario político o representante de entidad pública posee el deber de escuchar, dialogar, atender y acompañar las iniciativas y reclamos que de éste surgen, como forma de fomentar la participación ciudadana y la pluralidad de opiniones desde las dependencias del Estado, que tiene como fin el bien común, sin por ello cooptarlos.
En tercer lugar, expresar nuestra más firme solidaridad para quienes se hallen coercionados, perseguidos o entorpecidos en sus actividades, reclamos o propósitos genuinos y legítimos desde la órbita del Estado o de cualquier centro de poder que melle o entorpezca el ejercicio de los derechos consagrados, valores y pilares de una sociedad justa y pluralista.
Y finalmente, en la medida de las posibilidades y en función de las pruebas, semipruebas o hechos que avalen la denuncia o la hipótesis, realizar las denuncias en los ámbitos jurídicos, profesionales, académicos, medios de comunicación, y sociedad en general, como así mismo reclamar y hacer un llamamiento firme sobre los mismos y solicitar por toda forma posible y en conjunto con la comunidad archivística, a fin de lograr la inmediata interrupción de cualquiera de las actividades consideradas coercitivas, discriminatorias, etc.; reestableciendo la correcta relación y función de las partes, basadas en el diálogo, el respeto y el ejercicio del estado de derecho.
Federación de Archiveros de la República Argentina.
En vistas de recientes declaraciones y apreciaciones por medios electrónicos sobre aparentes situaciones de persecución a un legítimo archivero español, el supuesto accionar desde dependencias públicas sobre una pretendida dirección ideológica y de actividades de las personas, la aparente intromisión de una dependencia gubernamental de jerarquía y peso político en actividades de organizaciones del tercer sector, y la convocatoria de la mencionada entidad a organizaciones no gubernamentales a un Congreso de dichas entidades, nos lleva a reflexionar y con la cautela que merecen las declaraciones realizadas; es necesario hacer públicas algunas consideraciones.
En primer lugar, repudiar cualquier acto de entorpecimiento, coerción, y persecución a personas o entidades que coarten la libertad de asociación, opinión y de acción en el marco de las leyes que así consagran estos derechos; sea por parte de particulares, organizaciones o de cualquier entidad pública mereciendo ello el calificativo de deleznable y propio de sistemas autoritarios de épocas pasadas supuestamente superadas y que no tienen cabida en el marco de una sociedad pluralista, democrática y respetuosa.
En segundo lugar, hacer un llamamiento a la comunidad archivística a defender estos derechos e intereses sosteniendo que un claro nivel de desigualdad en poder económico y político entre organizaciones privadas y entidades públicas, no puede ni debe movilizar, direccionar o coercionar el interés genuino, espontáneo y legítimo del tercer sector, sino en todo caso y en un marco respetuoso, todo funcionario político o representante de entidad pública posee el deber de escuchar, dialogar, atender y acompañar las iniciativas y reclamos que de éste surgen, como forma de fomentar la participación ciudadana y la pluralidad de opiniones desde las dependencias del Estado, que tiene como fin el bien común, sin por ello cooptarlos.
En tercer lugar, expresar nuestra más firme solidaridad para quienes se hallen coercionados, perseguidos o entorpecidos en sus actividades, reclamos o propósitos genuinos y legítimos desde la órbita del Estado o de cualquier centro de poder que melle o entorpezca el ejercicio de los derechos consagrados, valores y pilares de una sociedad justa y pluralista.
Y finalmente, en la medida de las posibilidades y en función de las pruebas, semipruebas o hechos que avalen la denuncia o la hipótesis, realizar las denuncias en los ámbitos jurídicos, profesionales, académicos, medios de comunicación, y sociedad en general, como así mismo reclamar y hacer un llamamiento firme sobre los mismos y solicitar por toda forma posible y en conjunto con la comunidad archivística, a fin de lograr la inmediata interrupción de cualquiera de las actividades consideradas coercitivas, discriminatorias, etc.; reestableciendo la correcta relación y función de las partes, basadas en el diálogo, el respeto y el ejercicio del estado de derecho.
