Es innegable, que la jerarquización de la administración pública va de la mano de la incorporación de tecnologías que agilicen los servicios.Pero también es cierto que deben estar en el marco de políticas públicas orientadas a fortalecer la institucionalidad y el estado de derecho.
Los Archivos como parte de la Administración Pública no escapan a esta premisa y es requisito que se garantice que la incorporación teconológica no sea un simple acto instrumental efectista desvinculado de problemáticas generales y particulares, sino una solución y un adelanto irrefutable.
La reducción de la brecha digital, presupone el acceso masivo de ciudadanos que en lo informático y tecnológico son considerados "analfabetos", y que tal cambio en sus hábitos, habilidades y conocimientos, le permitan una mejora considerable en su estándar de vida y de relaciones.
El impacto de las tecnologías, positivo en lo relacional e instrumental, puede no ser positivo en lo socioeconómico y en lo sociopolítico; puede ser simplemente la triste incorporación a un sistema de consumo. El consumo de tecnología generalmente es alentado en lo ideológico bajo la difusión e instrumentación de una "sociedad de la información", (excluyendo hipótesis concretas y tangibles de beneficio socioeconómico y sociopolítico real), y ensalzado en lo relacional y en lo socialmente promocional del "tener" (consumir).
Lo positivo de la incorporación tecnológica en el Estado, en lo concreto es la mejora de los servicios públicos y lo relacional con el Estado; el acceso genuino a la información pública, al conocimiento, y a la información en sí misma como medio de producción, procurando una clara orientación del uso tecnológico en tal sentido.
La decisión política debiera ir de la mano de la reducción de esta brecha tecnológica orientada a ese acceso genuino y socialmente incluyente.
Al modelo no lo determina el consumo de información, sino que lo determina la distribución del ingreso, del poder, las formas organizacionales, la formación ideológica en su más amplia acepción y el orden legal.
Es en este punto, que la fortaleza de las instituciones, (tomando como modelo institucional a las relaciones estables, y de contenido ético) definen el contexto de la decisión política; y el sentido de esta decisión es otorgado por la estrategia del proceso de la incorporación tecnológica.
De otra forma, la incorporación tecnológica, la decisión política y la reducción de la brecha digital, estarán orientadas a incluír ciudadanos en masa, a un sistema de estricto consumo de tecnología, sin una subordinación de ésta al sentido social, institucional e identitario.
La posibilidad de generar programas de desarrollo de Archivos en Municipios y Comunas con actualización e incorporación tecnológica, debe circunscribirse y ser parte del proyecto general en el que la decisión política debe priorizar el fortalecimiento institucional y la mejora de sus modos relacionales, la inclusión a un modelo socialmente justo e identitario, y el acceso tecnológico de los ciudadanos a la utilización de la información pública, la promoción de participación ciudadana y valores cívicos, el acceso a la economía, al conocimiento y al uso de la información como medio de producción no sólo económico, sino también intelectual y cultural como parte de una estrategia en una Política de Estado claramente definida.
